Transparencia patrimonial:
¿hasta dónde debe llegar sin poner en riesgo a las familias?
Cuando la rendición de cuentas termina exhibiendo a quienes nunca
eligieron participar en la política.
La transparencia es una de esas
palabras que generan consenso inmediato. Nadie quiere ser señalado como alguien
que está en contra de rendir cuentas. Y, en efecto, en una democracia sólida
los servidores públicos tienen la obligación de explicar cómo actúan, cómo
administran los recursos y cómo evoluciona su patrimonio.
Pero existe una pregunta que
pocas veces se plantea con seriedad:
¿Dónde termina el interés
público y dónde comienza el derecho a la privacidad?
Porque una cosa es vigilar al
funcionario y otra muy distinta es convertir a su familia en parte del debate
político.
La transparencia tiene un
propósito
La declaración patrimonial no
surgió por casualidad. Su finalidad es fortalecer la confianza ciudadana
mediante mecanismos que permitan:
- Verificar que el patrimonio de un servidor público
corresponda con sus ingresos.
- Detectar posibles conflictos de interés.
- Desincentivar actos de corrupción.
- Generar mayor confianza en las instituciones.
Hasta ahí, el objetivo resulta
legítimo.
El problema aparece cuando una
herramienta diseñada para combatir la corrupción comienza a generar riesgos que
originalmente nunca fueron parte de su propósito.
El costo invisible de la
transparencia
Detrás de cada declaración
patrimonial no solamente existe un servidor público.
También aparecen su cónyuge, sus
dependientes económicos y, en algunos casos, personas que jamás solicitaron
ocupar un cargo público.
Entonces vale la pena preguntarse:
¿Por qué alguien que nunca
decidió participar en política debe quedar expuesto simplemente por tener un
vínculo familiar?
Más aún en una época donde los
ataques informáticos, el robo de identidad, las filtraciones de información y
el crimen organizado forman parte de una realidad que nadie puede ignorar.
Aunque la ley establezca
mecanismos para proteger datos personales, la experiencia reciente demuestra
que ningún sistema es completamente invulnerable.
Cuando una base de datos es
vulnerada, ya no importa si la información era "confidencial". El
daño ya está hecho.
Y ese riesgo no recae únicamente
sobre quien ocupa un cargo público.
También alcanza a su familia.
Cuando la transparencia se
convierte en espectáculo
Existe otro fenómeno igual de
preocupante.
En ocasiones, la información
patrimonial deja de analizarse con criterios técnicos o jurídicos para
convertirse en material de confrontación política.
Basta un apellido, una escritura
pública o una relación familiar para construir narrativas que buscan generar
sospechas antes que certezas.
Las redes sociales hacen el
resto.
Primero llega el juicio.
Después, si queda tiempo,
aparecen las pruebas.
Y cuando finalmente se demuestra
que no existía ninguna irregularidad, el daño reputacional ya ocurrió.
Una historia que ilustra el
problema
No se trata de una preocupación
nueva.
Recuerdo que, alrededor del año
2007, ya que yo ocupaba una curul en el congreso local de Aguascalientes,
comenzó a circular un documento firmado por un supuesto "Comité Vecinal de
Aguascalientes".
El nombre sonaba bastante
representativo.
Tan representativo que nadie
sabía exactamente quiénes lo integraban.
En aquel escrito se involucraba
incluso a familiares de mi esposa utilizando expresiones como "parentesco
por afinidad" para intentar
relacionarlos conmigo.
También hacían referencia a
escrituras públicas, nombres de fedatarios y operaciones inmobiliarias
realizadas entre particulares.
Todo ello con un detalle
importante:
Desde el punto de vista jurídico,
aquellas operaciones no constituían ninguna irregularidad.
Sin embargo, el objetivo parecía ser
otro.
Construir una narrativa.
Porque pareciera que, bajo cierta
lógica, si alguien decide participar en política, entonces toda su familia
pierde automáticamente el derecho a comprar, vender, heredar, invertir o
realizar cualquier acto patrimonial legítimo.
Llevando ese argumento al
extremo, sería como pedir que los familiares de cualquier servidor público
solicitaran autorización antes de firmar una escritura.
Suena exagerado.
Precisamente porque lo es.
Más aún cuando uno de los
terrenos mencionados en aquel documento terminó convirtiéndose en lo que hoy
conocemos como el relleno sanitario de San Nicolás, infraestructura que durante
años ha prestado servicio a miles de aguascalentenses.
El detalle que parece sacado
de una comedia
Pero quizá el episodio más
curioso aparecía al final del propio documento.
Después de formular diversas
acusaciones, sus autores concluían diciendo que omitían sus nombres por temor a
sufrir represalias.
Lo paradójico es que esas
supuestas represalias vendrían... del mismo funcionario al que ellos estaban
dirigiendo el escrito para solicitar una investigación.
Hay ocasiones en las que la
realidad escribe mejores guiones que la ficción.
Transparencia y derechos: un
equilibrio necesario
Defender la privacidad no
significa estar en contra de la transparencia.
Tampoco significa renunciar a la
rendición de cuentas.
Significa reconocer que ambas
pueden convivir.
La democracia necesita
instituciones fuertes que fiscalicen a quienes ejercen el poder.
Pero también necesita proteger
los derechos fundamentales de personas que jamás decidieron convertirse en
personajes públicos.
El verdadero reto consiste en
encontrar un equilibrio donde la transparencia permita combatir la corrupción
sin abrir la puerta a la exposición innecesaria, al uso faccioso de la
información o a la vulneración de terceros.
Porque una democracia madura no
mide su fortaleza por la cantidad de datos que hace públicos.
La mide por su capacidad para
distinguir entre lo que realmente pertenece al interés público y aquello que
forma parte de la esfera privada de las personas.
La reflexión
La transparencia debe seguir
siendo una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana.
Nunca una excusa para convertir a
las familias en daño colateral de la confrontación política.
Cuando olvidamos esa diferencia,
dejamos de construir instituciones y empezamos a normalizar una política donde
el espectáculo termina desplazando a la justicia.
Porque rendir cuentas es una
obligación.
Proteger los derechos de las
personas, también.
En una democracia, las mejores
decisiones nacen del diálogo informado.
La transparencia debe ser un
instrumento para fortalecer la confianza ciudadana, nunca un mecanismo que
vulnere derechos fundamentales.
¿Tú qué opinas?
- ¿Crees que la información patrimonial debe ser
totalmente pública?
- ¿Dónde debería establecerse el límite entre el
interés público y la privacidad?
- ¿Cómo proteger a las familias sin debilitar la
rendición de cuentas?
Comparte este artículo y
participa en la conversación. Una democracia más sólida también se construye
escuchando distintas perspectivas.
Declaración patrimonial, Transparencia
gubernamental, Privacidad de los servidores públicos, Rendición de cuentas, Protección
de datos personales, Conflicto de interés, Transparencia y democracia, Seguridad
de las familias, Servidores públicos, Derecho a la privacidad
COMENTARIOS